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Grandes hoteleros reclaman indemnizaciones de hasta 100.000 euros

Las obras antitabaco sacarán de quicio al Estado

Redacción Infofranquicias | 26/01/2011 | 12:08

Buscan indemizaciones por cada uno de sus locales tras los trabajos que realizaron en 2006 y que han sido superados por la nueva legislación.

Un grupo de seis grandes hosteleros españoles estudia demandar al Estado que les indemnice por los gastos que les supusieron las obras para acondicionar sus locales a la anterior Ley Antitabaco del año 2006. Les asesora el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Estas empresas reclamarán responsabilidad patrimonial del Estado por cambio legislativo, ante las importantes reformas que acometieron para separar las zonas de fumadores y no fumadores, con un coste de hasta 100.000 euros en cada uno de sus establecimientos. También reclaman ante la inseguridad jurídica que suponen unos cambios imprevistos y que echan por tierra la planificación de las empresas en plena crisis.

Entre los demandantes está el Grupo Hotusa, que posee más de 35 hoteles en España, y el Grupo Arturo, presidido por Arturo Fernández, con varios hoteles y restaurantes. Asimismo, se han interesado por este proceso populares cadenas de restauración. En total, 50.000 establecimientos hicieron obras de este estilo. No sólo levantaron muros y mamparas, también realizaron obras de calado para introducir extractores de humos muy costosos.

Por otro lado, hoy se reúne la Federación Española de Hostelería (FEHR) para consensuar la estrategia que van a seguir. Según ha podido saber este diario, estudiarán presentar reclamaciones administrativas establecimiento a establecimiento, bajo el paraguas gestor de la Federación, que por sí misma no puede personarse.

La plataforma también va a intentar que 50 diputados o senadores presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. El dictamen que ha preparado Cremades & Calvo-Sotelo para sus clientes detalla la estrategia que proponen. La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común avala las reclamaciones administrativas por cambios legislativos del Gobierno.

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