El sector de la franquicia mantendrá la intriga. La AEF trabaja para pulir el texto. El Grupo Socialista considera imposible alcanzar un consenso suficiente con los grupos de la oposición para sacar adelante la Ley de Distribución Comercial antes de que se disuelvan las Cortes. Ante tal situación, prorrogará el plazo de enmiendas sine díe hasta que la disolución de las Cámaras haga decaer el proyecto con el fin de la legislatura.
El Grupo Socialista en el Congreso prorrogará hasta la disolución de las Cortes el periodo de enmiendas a la Ley de Contratos de Distribución Comercial que finaliza el próximo 2 de septiembre, según explican a este periódico fuentes del grupo político del Gobierno. De este manera, el texto decaerá con la disolución de las Cortes.
Aunque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ya anunció a principios de agosto la dificultad de que esta norma saliese adelante tras el adelanto electoral, algunos de los sectores regulados por ella confiaban en la posibilidad de que el PSOE fuese capaz de llegar a un acuerdo con algunos grupos de la oposición para poder cumplir los plazos parlamentarios. Sin embargo, la posibilidad de un pacto se ha descartado y, además, consideran que no hay plazos para que pudiese volver del Senado a tiempo.
El texto legal es una vieja aspiración de las redes de distribución de varios sectores, especialmente concesionarios de automóviles y estaciones de servicio, aunque afecta también a franquicias, grandes almacenes o quioscos de prensa, entre otros. Según los cálculos de estos mismos sectores, abarca al 30% del PIB.
La pretensión de la norma era equilibrar las relaciones contractuales entre los fabricantes y sus comercios, relaciones que con la crisis se han tensionado por prácticas que desde las redes de distribución tildan de abusivas. El texto normativo contaba en principio con un consenso político de base entre los grandes grupos parlamentarios, aunque se han presentado un total de 170 enmiendas, la mayoría inducidas por los sectores afectados. Semejante volumen ha complicado el cierre del acuerdo con los grupos para aprobar en el Congreso, primero, y en el Senado, después, el texto por mucho que se pudiesen acelerar los trámites parlamentarios.
Una tramitación accidentada
El texto es fruto de un delicado pacto a varias bandas conseguido in extremis tanto a nivel político como sectorial para poder dejar sin efecto una enmienda aprobada por CiU, PNV y PP a la Ley de Economía Sostenible que introducía unas reglas comerciales entre fabricantes y comerciantes de automóviles desfavorables a los intereses de las marcas.
A nivel político, los tres grupos firmantes de la enmienda aceptaron dejarla sin validez a cambio de que el Gobierno presentase una ley de Contratos de Distribución Comercial. Las negociaciones sectoriales, no solo en el automóvil sino en otros sectores, han sido muy complejas y se han cerrado con acuerdos endebles.
Aun así, el proyecto era una solución más o menos aceptada por las partes y, la incógnita en los sectores afectados es si el PP, en caso de ganar las próximas elecciones, presentará nuevamente una norma que regule las relaciones entre distribuidores y marcas. Fuentes parlamentarias del grupo popular han expresado su interés de reeditar la norma, pero la decisión tiene un fuerte componente político.
No obstante, fuentes del Grupo Socialista no descartan que, en caso de perder las elecciones, pudiesen presentar nuevamente el texto a través de una proposición de ley en la próxima legislatura.