Se pretende que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año 2005.
La regulación actual, que prevé unas aperturas mínimas de doce festivos que las Autonomías pueden ampliar, establecía la libertad de horarios comerciales a partir del próximo 1 de enero, de ahí la urgencia del Ejecutivo por aprobar una norma que impida que esta libertad total llegue a aplicarse.
Tras un árduo debate entre el pequeño y el gran comercio, consumidores, sindicatos, Autonomías e incluso en el seno del propio Ejecutivo, finalmente se ha optado por una solución que en la práctica supondrá un recorte de las aperturas en algunas Comunidades Autónomas.
Así, el proyecto de ley mantiene como regla general la apertura de 12 festivos y domingos al año en aquellas Comunidades que no tengan normativa específica sobre la materia. Sin embargo, permite a las Autonomías que lo deseen reducir esta cifra hasta un mínimo de 8 o ampliarla de manera indefinida. En la práctica esto se traducirá en un recorte de las aperturas comerciales en muchas Comunidades autónomas, que ya han anunciado que se acogerán a las posibilidades que les dará la ley para recortar las aperturas. Cataluña, incluso, en contra de la normativa hasta ahora vigente, ya estaba tramitando en el Parlamento una norma en este sentido. El anteproyecto estatal da, de este modo, cobertura legal al proyecto del tripartito catalán que en su día tuvo la férrea oposición del anterior Gobierno del PP.
Las aperturas mínimas semanales también se reducen, pasando de 90 a 72 horas, mientras se mantiene, como hasta ahora, la libertad total para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados; así como para determinadas actividades, como las panaderías.
La patronal de las grandes superficies, Anged, ha criticado duramente la normativa que pretende aprobar el Ejecutivo, al que recuerda que esta medida va en contra de las recomendaciones de los principales organismos internacionales, incluida la Comisión Europea, que en numerosas ocasiones ha pedido a España que elimine restricciones a la libertad de comercio.
Las asociaciones de pequeños comerciantes y autónomos, sin embargo, aplauden la medida, porque consideran que la libertad de horarios llevaría a la quiebra a muchas tiendas pequeñas y supondría un importante recorte de puestos de trabajo en el sector.
La división de opiniones quedó patente también en el seno del Consejo Económico y Social (CES), organismo en el que están representados empresarios, sindicatos y consumidores, y que no logró ponerse de acuerdo para emitir el dictamen que el Gobierno le había solicitado.
ABC