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El Congreso aprueba el proyecto de ley de Horarios Comerciales y lo remite al Senado

Estrella Digital | 04/11/2004 | 1:11


El proyecto de ley de Horarios Comerciales superó ayer su primer trámite parlamentario sin cambios sustanciales sobre el texto remitido por el Gobierno, al ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

El texto, que recibió más de 70 enmiendas y fue rechazado por PP y CiU, fue debatido en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, que dictaminó el proyecto con competencia legislativa plena, lo que supondrá que éste pase ahora directamente al Senado sin un nuevo debate en el pleno del Congreso. El proyecto aprobado incorpora cuatro enmiendas transaccionales y así, se permite a los Ayuntamientos, si la Comunidad Autónoma lo decide, cerrar determinados locales que vendan bebidas alcohólicas y se reduce de 300 a 150 metros los establecimientos con libertad de horarios, siempre que no pertenezcan a grupos de distribución.

En concreto, a petición de ERC e ICV, señala que los establecimientos de venta de alimentación y de productos de consumo cotidiano, entendido como los que vendían los antiguos colmados, tengan libertad de horario, siempre que su superficie útil de exposición y venta al publico sea inferior a 150 metros cuadrados. Además, introduce una disposición adicional tercera, a petición de ERC, CiU e IU, que recoge que "las autonomías podrán dictar las normas necesarias para que los Ayuntamientos puedan acordar, por razones de orden público, el cierre, de manera singularizada, de establecimientos que vendan bebidas alcohólicas", dentro de la lucha contra el "botellón".

También a petición de ERC se detalla que los establecimientos con régimen especial de horarios serán los "dedicados principalmente" a la venta de determinados productos como pan o prensa, entre otros.

El proyecto de ley añade un nuevo artículo a petición del PNV referido a que las "Comunidades Autónomas que así lo consideren podrán establecer en su normativa aquellas obligaciones de información al público en materia de horarios comerciales que mejoren el conocimiento del régimen de horarios por parte de los consumidores".

Además de estas enmiendas transaccionales, se aprobó una enmienda promovida por José Antonio Labordeta, diputado por la Chunta Aragonesista, que modifica la disposición adicional primera y que aclara que la Ley se dicta con el respeto a las competencias en materia de comercio interior de las Comunidades Autónomas.

El resto de enmiendas del PP, CiU, PNV, IU y el Grupo Mixto, que se mantuvieron vivas tras el debate, fueron rechazadas.

El diputado del PSOE, Manuel Mas, destacó que tras el debate el proyecto se ha mejorado y se han limado las diferencias con los grupos en relación con las competencias de las Comunidades Autónomas, "tratando de acentuar el respeto a las mismas". Mas recordó que su grupo rechazó las enmiendas que trataban de fijar los mínimos de horas de apertura semanales, 72 horas, y de domingos y festivos, 12 aunque las Comunidades Autónomas lo puede rebajar a ocho, como máximos y aquellas que pretendían dar competencias directas a los ayuntamientos.

El diputado del PP Celso Delgado, por su parte, lamentó que el proyecto suponga un paso atrás en política de comercio interior y apuntó que tendrá consecuencias negativas sobre los consumidores, los precios y el empleo.

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, afirmó que el proyecto invade competencias de las autonomías y, en este sentido, anunció que su grupo, si finalmente el proyecto se aprueba en los términos actuales, estudiará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional "para paralizar una ley que es una OPA hostil".

Desde ERC, grupo que finalmente retiró una enmienda para que cada comerciante pudiera decidir el horario de apertura en festivo, su portavoz Jordi Ramón Torres valoró que con este proyecto la ley que se debate en el parlamento de Cataluña queda mejor "enmarcada" y que supone un apoyo a la pequeña y mediana empresa.

El diputado del PNV, Pedro Azpiazu, reiteró que las competencias de comercio interior corresponde exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el representante de IU, Ángel Pérez, avisó que, aunque es una ley de mínimos ampliables, se permite la liberalización absoluta del sector.