“Era completamente necesaria esta regulación, puesto que el propio sector la viene reclamando para favorecer la seguridad del consumidor y por supuesto, dotar de transparencia al sector y así evitar malas prácticas”, asegura Ángel Pérez, portavoz de Finanfácil.
Ángel Pérez agradece que el Gobierno considere que operaciones como la agrupación de deudas pueden ser altamente beneficiosas para el cliente siempre que se respeten las condiciones de transparencia y garantías de información necesarias para que el consumidor adopte libremente sus decisiones. Para ello, incide en la necesidad de “vigilar que no haya publicidad engañosa, irregularidades ni casos de usura”. Además, Finanfácil apoya totalmente la creación de un Registro Estatal de empresas dedicadas a las actividades reguladas en la Ley, ya que “ayudará a resaltar la importancia real del sector mediante el conocimiento del número de empresas que operan y el volumen de operaciones que tramitan”. De esta forma, la ley “contribuirá a la estabilidad del sector y dará las máximas garantías a los usuarios de servicios de intermediación financiera”, según Pérez.
Respecto a la competencia de las comunidades autónomas para aprobar las normas de desarrollo y ejecución de la ley dentro de su ámbito territorial respectivo, salvo lo previsto para el Registro Estatal, el consejero delegado de Finanfácil considera que “será necesario que tras la aprobación de la ley, el desarrollo en las diferentes comunidades autónomas sea homogéneo y no produzca distorsiones”.
En cuanto a la exigencia a las empresas de un seguro de responsabilidad civil u otro instrumento análogo de garantía financiera, Ángel Pérez, Ángel Pérez ha recordado que desde la Asociación Nacional de Consultores, Asesores, Mediadores, Intermediarios y Corredores de Crédito (ANIC), la primera patronal del sector, de la que él es presidente, y que “se constituyó con el objetivo de velar por la autorregulación y las buenas prácticas del sector”, se ha abogado por “la regulación a través de la contratación de seguros de responsabilidad civil, y la exigencia de una formación reglada y una colegiación para evitar el intrusismo profesional”.
Esta asociación, de ámbito estatal, reúne por el momento a ocho grandes empresas del sector que suponen prácticamente el 80% del negocio. Además, cuenta con el apoyo de la CEPTA (Confederació Empresarial de la Provincia de Tarragona) y de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). Sus principales objetivos son constituir, difundir y vigilar un código ético que regule la actividad; reivindicar la existencia de una legislación que reconozca y regule la profesión, así como promover una formación adecuada y reglada entre todos aquellos que ejerzan la profesión para asegurar un asesoramiento adecuado y profesional a los clientes.