La intención del Gobierno de suprimir la obligatoriedad empresarial de pagar cuotas a las cámaras de comercio pilló ayer por sorpresa a sus responsables.
"Si esta medida se hace realidad dejaríamos de compararnos con el resto de Europa, donde se aplican las cuotas obligatorias, excepto en los países anglosajones y Portugal", opinó el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, que añadió que si se eliminan las cuotas obligatorias estos organismos verán muy mermada su capacidad de acción, dado que representan su principal fuente de ingresos.
El Gobierno calcula que eliminar la obligatoriedad de las cuotas para el sostenimiento de las cámaras de comercio podría suponer un ahorro de 250 millones de euros al año. Pero estas instituciones alegan que el 53,5% de las sociedades, que son las de menor tamaño, no abonan este canon, aunque tienen derecho a recibir servicios y son electores de sus órganos de gobierno. Según difundió ayer el Consejo Superior de Cámaras, son las 35.000 mayores empresas españolas -que representan menos del 1% del total- las que contribuyen de forma proporcional a sus beneficios, aportando prácticamente dos tercios de los ingresos por cuotas de estos órganos.
Las cámaras argumentan que la supresión anunciada por el presidente del Gobierno solo beneficiará a las grandes empresas y no a las pequeñas, cuando los servicios que prestan suponen «un importante efecto redistributivo en favor de las sociedades de menor dimensión».
Además, desde el Consejo Superior de Cámaras se argumenta que los ingresos por cuotas están relacionados con los beneficios que obtienen las empresas, por lo que los presupuestos de estas instituciones se adaptan a la coyuntura económica de las sociedades. En efecto, el pago de las compañías a las cámaras está en función del beneficio obtenido, concretamente de la cuota líquida positiva en el Impuesto sobre Sociedades. La cuota media es del 0,07% de los beneficios fiscales declarados.
Las cámaras de comercio ya se vieron en una situación complicada cuando, en la década de los 90, una sentencia del Constitucional se pronunció en contra de la ley de 1911 que consagraba la afiliación obligatoria.
Diario Sur