La contratación pública supone en España el 15% del producto interior bruto (PIB). Este porcentaje significa unos 150.000 millones de euros al año. De este total, aproximadamente un 10% de los contratos que licitan las tres Administraciones españolas, tanto la estatal como la autonómica y la local, presentan defectos o restricciones a la competencia.
Estas ineficiencias van más allá y tienen su traslación en los precios que pagan los consumidores. En concreto, los acuerdos ilegales entre los participantes en las licitaciones públicas pueden suponer que los precios de los bienes y servicios contratados se encarezcan un 20%. De esta forma, una actuación directa que evite estos comportamientos podrían suponer un ahorro de 3.000 millones de euros al año en España.
Estos datos fueron suministrados ayer por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) durante la presentación de una guía sobre la contratación pública y competencia. Luis Berenguer, presidente del organismo, señaló que el objetivo es fomentar la competencia en los procesos de contratación pública. "Por ejemplo, tratando que en los pliegos no se incluyan restricciones a la competencia, requisitos contrarios a ella o que permitan acceder al mayor número posible de empresas en condiciones de igualdad".
Bajo la lupa de esta guía está, por tanto, el intento de evitar comportamientos reductores de la competencia tanto de las empresas como de las propias Administraciones. En cuanto al primer caso, la CNC incoó en febrero del año pasado un expediente sancionador contra 53 compañías del sector de la construcción por acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras. Según Berenguer, actualmente este expediente, donde Competencia ha actuado de oficio, se encuentra en fase de resolución.
La guía también cita como ejemplos de este tipo las sanciones a la asociación de ortopédicos de Castilla y León por pactar en 1992 los mismos precios para el concurso del Insalud de Burgos, y las multas a siete laboratorios que, entre 1992 y 1995, ofertaron al mismo coste la adquisición de vacunas antigripales al Servicio Andaluz de Salud.
Con respecto al segundo caso, es decir, aquél que implica a las propias Administraciones en la restricción de la competencia, destacan los recursos contencioso-administrativos que la CNC ha interpuesto contra la Comunidad Valenciana y la Xunta de Galicia en junio y julio del año pasado, respectivamente. En concreto, el organismo ha llevado a los tribunales los planes de modernización de las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de ambas comunidades autónomas.
Berenguer puso énfasis en señalar que la guía lo que hace es "recordar" algo que viene recogido en la propia ley, como es que todos los funcionarios que detecten una práctica de colusión en las subastas o concursos públicos licitados den traslado de este conocimiento a los organismos de competencia.
Asimismo, el presidente del organismo resaltó que casi todas las autonomías tienen tendencia a contratar a empresas de la misma región. "En este sentido, la guía recomienda no primar nunca a las compañías por razón de territorio". Y señaló a sectores como el sanitario y el de obras públicas donde esta colusión en los contratos públicos está más generalizada.
Cinco Días