Hace casi dos años dedicábamos un artículo a las iniciativas que promovían entonces los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, exigiendo al Gobierno una rápida regulación del sector de intermediación financiera.
Los términos utilizados en aquellos días eran casi apocalípticos. Unos y otros clamaban por una regulación que viniese a colmar el pretendido vacío legal en que operaban centenares de empresas –muchas de ellas en régimen de franquicia- dedicadas a intermediar entre demandantes de crédito y entidades bancarias, de modo que se viniese a poner coto a presuntos abusos y comportamientos inadmisibles en perjuicio del ‘consumidor’.
En estos dos años, hemos asistido a la “desaceleración” de un mercado inmobiliario que constituía la piedra angular del sistema, a la práctica congelación de las operaciones crediticias y la correlativa desaparición de un gran número de empresas de intermediación, que han sido una de las primeras víctimas del colapso inmobiliario y financiero. Paradójicamente y haciendo bueno el dicho: “más vale tarde que nunca”, es ahora cuando ha visto la luz la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. (BOE nº 79, de 1 de abril de 2009). Si bien la ley ya ha entrado formalmente en vigor, lo cierto es que su eficacia va venir mediatizada por el periodo de adaptación de tres meses que la Disposición Transitoria concede a las empresas que hasta ahora hayan venido desarrollando este tipo de actividades y, sobre todo, por la necesidad de que se produzca el desarrollo reglamentario requerido para la eficacia de alguna de sus más importantes previsiones.
Conozca las novedades más interesantes para la franquicia que introduce esta norma en el artículo especializado de Franquicias y Negocios. En mayo, el quioscos.