El 40% de las empresas españolas dicen disponer del certificado digital aunque un 80% de ellas solo lo utilizan para trámites administrativos, según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
Según datos de expertos de AC Camerfirma el coste unitario por factura utilizando certificados digitales y la firma electrónica pasa de los 3,63 euros (tarifa estándar) a 0,15 euros. Este dato se ha presentado en una jornada que la
Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) ha organizado junto con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. El objetivo de la jornada era servir de escaparate para divulgar de forma sencilla y concreta las ventajas, beneficios, aplicaciones y servicios que ofrece la utilización de la firma electrónica y la certificación digital.
Javier Méndez, director de innovación y competitividad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, fue la persona responsable de explicar a los asistentes el uso de la certificación digital y la firma electrónica.
Así, el 40% de las empresas españolas dicen disponer del certificado digital aunque la mayoría (el 80% de estas empresas) sólo lo utilizan para trámites administrativos, dato que hace evidente la necesidad de seguir divulgando en
las empresas las ventajas de estas nuevas herramientas. Por su parte, Sergio Ruiz, Director de AC Camerfirma, ha afirmado que con la certificación digital las empresas ahorran costes, la empresa de moderniza y, en consecuencia, se consigue una mayor competitividad y, en definitiva, ser más eficiente.
José Luis Zimmerman, director general de AECEM-FECEMD aseguró que con el uso de la certificación digital se podría terminar el fraude en el desarrollo del comercio electrónico.
Latasa describió los 3 tipos de firma electrónica que reconoce la ley: la básica (contraseñas, tarjetas de coordenadas…), la avanzada (cifrado simétrico, criptografía asimétrica sin dispositivo seguro de creación de firma…) y la reconocida -la única que se equipara a la firma manuscrita-. Con ello, afirmó que el derecho español es pionero en Europa en el reconocimiento de la firma electrónica jurídica puesto que su reconocimiento ya abarca todo el tráfico ordinario de trámites.